Según un informe parlamentario del diputado Stéphane Peu, en 2023 había más de 13.000 casos pendientes, con retrasos judiciales de hasta 55 meses. Esta situación ha generado problemas prácticos, ya que las aerolíneas solo conservan datos de vuelo durante tres años.

El medio francés Le Monde destaca que este tipo de litigios se ha convertido en un negocio lucrativo. Varias plataformas privadas, como AirHelp, se han especializado en gestionar las reclamaciones de los pasajeros afectados. Estas empresas se encargan de todos los trámites y cobran una comisión sobre las indemnizaciones obtenidas, que pueden alcanzar hasta 600 euros, según la normativa europea de 2004.

Ante la inflación de demandas, el gobierno francés ha decidido imponer una nueva medida: desde un decreto del 5 de agosto de 2025, es obligatorio recurrir a un mediador antes de acudir a los tribunales. Este procedimiento será gratuito para el consumidor, pero de pago para las aerolíneas. 

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