Le Monde señala que, actualmente, cuando las compañías aéreas se niegan a pagar una indemnización a los pasajeros (que puede oscilar entre 250 y 600 euros según el vuelo), estos últimos pueden acceder con relativa facilidad a la justicia. Primero deben pasar por los llamados “conciliadores”, que funcionan como filtro, pero posteriormente pueden presentar una simple “solicitud” ante los tribunales, procedimiento previsto para litigios de importe inferior a 5.000 euros. La solicitud se envía al registro, que a su vez la remite a la empresa y programa la audiencia correspondiente.

Sin embargo, las empresas de asistencia a pasajeros (Flightright, AirHelp, RetardVol) y sus abogados planean impugnar el decreto, ya que consideran que restringe el acceso de sus clientes a la justicia al imponer costes desproporcionados en relación con el importe del litigio.

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